martes, 6 de agosto de 2013

Guerrero, el caldero

EL PERICÓN, Tecoanapa, Gro. (proceso.com.mx).- Integrantes del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), decidieron retener a una comisión de funcionarios federales y estatales encabezados por el sobrino y asesor externo del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre Gutiérrez y el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, que acudieron a este poblado para intentar destrabar el conflicto generado ayer por el Ejército porque detuvo y decomisó armas a cinco guardias comunitarios.
También, los manifestantes reanudaron el bloqueo sobre la carretera interestatal que conecta la región Centro con la Costa Chica y mantienen retenidos a medio centenar de soldados adscritos al 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal.
Este hecho exhibió la falta de oficio político para destrabar los conflictos sociales que han caracterizado a la administración de Aguirre y que, en el caso de la protesta de la UPOEG, ha provocado la retención de medio centenar de militares y seis funcionarios estatales y federales.
Por su parte, integrantes de la guardia comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), bloquearon desde la mañana la misma vía de la región de Costa Chica pero a la altura del municipio de Ayutla de los Libres, también en demanda de respeto a sus policías comunitarios.
De esta forma, los dos principales grupos de autodefensa surgidos en la región de la Costa Chica y que se han extendido a cinco de siete regiones de la entidad bajo el auspicio del gobierno de Aguirre, tienen en jaque a las autoridades gubernamentales.
A las 17:20 horas arribó al poblado de El Pericón, municipio de Tecoanapa, una comisión negociadora integrada por el sobrino del mandatario; su secretario de Gobierno; el procurador de Justicia en la entidad, Iñaki Banco Cabrera, así como el delegado de la Secretaría de Gobernación, Juan Salgado Brito y el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Salvador Anaya del Carmen.
La presencia de autoridades gubernamentales se dio a más de un día de que estalló el conflicto y luego de que el gobernador Aguirre se declaró rebasado por este problema generado por los operativos del Ejército y la Marina en contra de los grupos de autodefensa.
Enseguida se realizó una asamblea en la explanada de la escuela telesecundaria Juan Escutia de este poblado donde los integrantes de la UPOEG se enfocaron en exigir el regreso de las armas decomisadas por el Ejército y el respeto a la guardia comunitaria.
“No es posible que el gobierno proteja a los criminales y ataque a la población en lugar de combatir a la delincuencia”, dijo una mujer.
En cascada se dieron una serie de testimonios en contra de autoridades de los tres niveles de gobierno que reprocharon la criminal omisión e indolencia que han asumido frente a la ola de violencia que se vive en la entidad.
En respuesta, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez, se desvivió en elogiar la política de su jefe, el gobernador Aguirre y propuso instalar una mesa de negociación con los inconformes para los próximos días.
Sobre la petición del regreso del armamento de los guardias comunitarios de la UPOEG, el funcionario estatal se deslindó del asunto con el argumento de que se trata de un asunto federal porque el Ejército ya puso a disposición del Ministerio Público federal las armas.
Martínez Garnelo rechazó asumir el compromiso de regresar las armas a los manifestantes y dijo que este tema lo van a negociar con el gobierno federal para destrabar el conflicto.
La postura de los integrantes de la comisión negociadora molestó a los manifestantes, quienes se quedaron a deliberar  en la cancha del plantel escolar.
Por su parte, los seis funcionarios federales y estatales solicitaron que les dieran de comer arguyendo que la carga laboral les había impedido probar alimento.
El dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, dirigió a los funcionarios a una precaria aula donde les llevaron caldo rojo de res y durante el trayecto, el sobrino del gobernador Aguirre le advirtió al activista indígena: “¡No se vayan a pasar, no se vayan a pasar!”, en referencia a las expresiones de molestia de los pobladores y la amenaza de ser retenidos.
Otros dirigentes de la UPOEG trataron de calmar los ánimos de los manifestantes pero fueron rebasados por los inconformes, quienes a las 18:30 horas, aproximadamente, determinaron volver a bloquear la vía que habían liberado esta mañana y retener a los seis funcionarios federales y estatales, así como a los soldados que mantienen retenidos desde ayer.


(nota tomada íntegra del sitio "proceso".)

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